El Ministerio egipcio de Justicia emitió hoy un decreto que autoriza a la policía militar y a los Servicios de Inteligencia del Ejército aarrestar a civiles por determinados delitos de derecho común.
La medida, que estará en vigor desde mañana jueves hasta que se redacte y aplique la nueva Constitución, ha provocado las críticas de los movimientos pro derechos humanos, ya que en su opinión cuestiona el compromiso de los militares de abandonar el poder el próximo 30 de junio y cederlo a un civil elegido en las urnas.
En un comunicado, 16 grupos egipcios pro derechos humanos mostraron su sorpresa y su oposición al decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y firmado por el ministro de Justicia, Adel Abdel Hamid.
En opinión de estas organizaciones, la norma abrirá la puerta a la "represión de las formas legítimas de movilización política y social" , incluidas las manifestaciones o huelgas, ya que entre los delitos que se contemplan destacan daños a la seguridad del estado, la desobediencia civil y la difamación a las autoridades.
Asimismo, se incluyen los ataques a edificios públicos, la obstaculización del tráfico, del transporte público y de la libertad de trabajo, agregan.
En declaraciones a Efe, el abogado Gamal Eid, de la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, explicó que el decreto entrará en vigor aunque "el Parlamento podría frenar esta decisión creando una nueva ley que lo suprima".
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