En una resolución de alcance, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió hoy en contra de los aspectos más polémicos de la ley antinmigrante de Arizona SB 1070, pero dejó vigente la autoridad de la policía estatal para solicitar documentos a quienes sospeche de estar ilegalmente en el país.
Por una votación de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal resolvieron que algunos aspectos de ésta legislación son improcedentes y reafirmó la potestad del gobierno federal en la regulación de la migración que le disputan varios Estados, entre ellos Arizona.
Para la mayoría de los analistas, en términos absolutos, ésta decisión que elimina tres de cuatro provisiones polémicas en la SB 1070, marca una victoria para la administración de Barack Obama y una derrota para el gobierno de Jan Brewer en Arizona.
Sin embargo, reconocen que el hecho de que haya pervivido la provisión que permite a la policía estatal de Arizona detener a personas bajo el principio de la "duda razonable" para comprobar su estatus migratorio, es una medida que invita al perfil racial.
En su resolución, la Suprema Corte señala que la policía estatal puede detener, interrogar y detener momentáneamente a inmigrantes en caso de que los oficiales tengan una "duda razonable" de que se encuentra de forma ilegal en el país.
Sin embargo, advierte que la policía tiene una autoridad limitada en este tipo de operativos y siempre tendrá que checar con agentes de inmigración federales antes de decidir la detención formal y la inculpación criminal de los sospechosos.
A pesar de que ésta provisión ha sido acotada por la resolución de la Suprema Corte, para evitar que las policías estatales actúen al margen de las autoridades federales como agentes de inmigración, algunas organizaciones defensoras de inmigrantes manifestaban su temor de que ésta provisión siga permitiendo la detención de personas a partir de su su perfil racial.
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