20 jul. 2012

Inicia el juicio contra el alguacil Joe Arpaio

PHOENIX (AP y Notimex).— Los patrullajes contra la inmigración no autorizada en Arizona ordenados por Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, están ahora bajo el escrutinio de un tribunal federal de Phoenix.
El abogado de un grupo de hispanos que interpusieron una demanda civil contra la oficina de Arpaio dijo ayer en sus primeras declaraciones que la evidencia mostrará que Arpaio y sus agentes discriminaron racialmente a los latinos. “Nuestro punto de vista es que el problema comienza desde arriba”, afirmó el abogado Stan Young.
A su vez, Tim Casey, que defiende a Arpaio, dijo que los patrullajes fueron planeados y ejecutados adecuadamente e incluso estuvieron por encima de los estándares de la policía en general. “La raza y el origen étnico no tuvieron nada que ver con las detenciones de tránsito”, señaló.
Los demandantes no buscan una compensación económica por daños, sino que desean una declaración de que la oficina de Arpaio encasilla a la gente según su raza, así como una orden judicial que lo obligue a hacer cambios para prevenir lo que dicen constituye una actividad policial discriminatoria.
La demanda presentada por un puñado de hispanos servirá como precursora de otra interpuesta por el Departamento de Justicia que alega que la oficina de Arpaio violó los derechos civiles en un rango más amplio.
Durante seis años, Arpaio ha negado vehementemente las acusaciones de que sus policías se enfocan en la población latina cuando realizan patrullajes en busca de inmigrantes ilegales.
Los demandantes dicen que los agentes al mando de Arpaio detenían a algunos conductores en el tránsito con base en su apariencia hispana, sin tener una causa probable para detenerlos, y que sólo ordenaban las paradas para poder interrogarlos acerca de su estatus migratorio.
Ayer, el portal Latino California informó que el gobierno de EU niega la residencia legal a personas con tatuajes que pudieran reflejar vínculos con la delincuencia organizada; según la información del pasado año fiscal, las autoridades rechazaron solicitudes de residencia a 82 personas que tenían tatuajes sospechosos.

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